La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció el pasado jueves, 13 de marzo, que Ecuador violó los derechos de los pueblos indígenas no contactados que viven en la selva amazónica, una decisión histórica que golpea a la poderosa industria petrolera del país. El tribunal, con sede en Costa Rica, decretó que el gobierno ecuatoriano tome las medidas necesarias para garantizar que cualquier futura ampliación o renovación de las operaciones petroleras no afecte a los pueblos originarios que viven en aislamiento voluntario, término utilizado para describir a los indígenas que rechazan o no han tenido contacto con el mundo exterior. En la Amazonia ecuatoriana hay al menos tres grupos: los tagaeris, los taromenanes y los dugakaeris.
El tribunal dictaminó que el gobierno ecuatoriano violó los derechos de estos grupos al permitir la perforación de pozos en regiones del Parque Nacional Yasuní donde se sabe que habitan grupos no contactados. Según la sentencia, Ecuador debe respetar los resultados del referéndum de 2023, en el que la población optó por detener indefinidamente las operaciones petroleras en esa región.
Los jueces subrayaron que los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario son especialmente vulnerables a los impactos sobre su entorno. Por ello, cualquier actividad que pueda afectar a sus territorios, como las prospecciones, debe evaluarse cuidadosamente. La corte sentenció que el gobierno ecuatoriano aplicara el “principio de precaución” al tomar decisiones sobre futuras operaciones petroleras:
“aún en la ausencia de certeza científica sobre la afectación de su territorio por los proyectos de exploración y explotación petrolera, se deben adoptar medidas eficaces para prevenir un daño grave o irreversible, que en este caso sería la puesta en contacto de estas poblaciones en aislamiento”.
Esta sentencia es la primera en que una corte internacional se pronuncia sobre si un gobierno ha hecho lo suficiente para proteger los derechos de las personas que viven en aislamiento voluntario, que incluyen no solo los derechos a sus territorios físicos, sino también a su identidad cultural, salud, seguridad alimentaria, vivienda y el entorno necesario para su vida digna.
El tribunal también dictaminó que el gobierno adoptara medidas para impedir que terceros, como madereros ilegales, invadan las tierras de los indígenas y pongan en peligro su derecho a permanecer aislados, reconocido por múltiples tratados internacionales. Para ello, sugiere que el gobierno amplíe una zona de selva tropical de 6.000 kilómetros cuadrados y su zona de amortiguamiento circundante, de 10 kilómetros de ancho, que estarían vedadas a cualquier tipo de actividad extractiva. Según señala la sentencia, ha habido múltiples avistamientos de grupos no contactados que se desplazaban fuera de esta área, denominada Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) y, sin embargo, las operaciones petroleras se adentran cada vez más en la zona de amortiguamiento.
La Procuraduría General del Estado, que defendió al gobierno ecuatoriano en el caso, no respondió a nuestras solicitudes de comentarios.
La corte señaló que el gobierno de Ecuador violó múltiples derechos de dos niñas no contactadas que sobrevivieron a un violento ataque a su comunidad en 2013, como el de su integridad personal, su identidad cultural, una atención sanitaria adecuada y su participación en decisiones que les afectan. Todas las violaciones se derivaron de la invasión de su territorio, el contacto forzado con las niñas y la respuesta inadecuada del gobierno a su situación.
La sentencia también afecta a otros grupos indígenas, no contactados o de reciente contacto, que comparten territorios con los tagaeris, taromenanes y dugakaeris, subgrupos del pueblo huaorani que comparten lengua y cultura. Es el caso de los baihuaeris de Bameno, cuyo territorio ancestral se encuentra dentro de la Zona Intangible. Su líder tradicional, Penti Baihua, exigió que el gobierno se reuniera con las comunidades huaoranis recién contactadas y las incluyera en los debates sobre la protección de la selva y de los indígenas aún en aislamiento. Las políticas gubernamentales que afectan a la región, dice Baihua, deben respetar los derechos y la cultura de todos los huaoranis. “El gobierno dice maravillas de la protección”, afirma, “pero ¿qué va a hacer para que sea una realidad? El gobierno sigue permitiendo que las petroleras se adentren cada vez más en la selva. Nosotros también vivimos aquí. La selva está aquí porque la hemos protegido durante generaciones”.
Naciones Unidas calcula que unas 200 comunidades indígenas viven en aislamiento voluntario en al menos nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela.
Todos los huaoranis vivían aislados en la Amazonia ecuatoriana hasta finales de la década de 1950, cuando los misioneros cristianos estadounidenses empezaron a forzar el contacto para evangelizarlos. Unos años más tarde, la petrolera Texaco colaboró con los misioneros para acelerar su campaña de contacto forzoso y expulsar a los indígenas de sus tierras, ricas en petróleo.
Desde entonces, las operaciones de la industria petrolera se han adentrado cada vez más en los territorios de los pueblos originarios, desplazando a algunas comunidades y expulsando a las no contactadas y recién contactadas a una zona cada vez más pequeña de selva compartida. Eso ha ejercido una enorme presión sobre las comunidades huaoranis, que necesitan grandes territorios para sobrevivir y tener acceso a su cultura, que depende en gran medida de la existencia de la selva y de cursos de agua limpios.
La industria petrolera, incluida Texaco (ahora Chevron), ha vertido intencionadamente enormes cantidades de contaminación en el aire, el agua y el suelo de la región, según documentos judiciales y múltiples informes. También ha abierto carreteras que penetran en regiones selváticas antes inaccesibles a la colonización y a otras actividades extractivas, como la tala y la minería ilegal. Desde 2003, se han producido varios asesinatos a manos de madereros ilegales, que utilizan armas de fuego contra indígenas no contactados que defienden sus territorios con lanzas.
En 2006, los activistas Fernando Ponce Villacís, Raúl Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asimbaya presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que el gobierno ecuatoriano había violado los derechos de los tagaeris y los taromenanes al no salvaguardar sus territorios.
La comisión, con sede en Washington, es un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos que investiga las denuncias presentadas contra sus estados miembros. Por lo tanto, ayuda a los gobiernos a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. También puede remitir casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admite casos presentados contra gobiernos que han reconocido su competencia contenciosa. Ecuador es uno de los 20 países de América que lo ha hecho.
En respuesta a la petición, la comisión exigió al gobierno ecuatoriano que aplicara medidas para proteger la vida y los territorios de los tagaeris y taromenanes y, en 2007, este demarcó la Zona Intangible, una extensión selva tropical vedada a las actividades extractivas en beneficio de los grupos no contactados. El gobierno también instaló un puesto de control en un río que se utiliza para acceder a zonas remotas de la selva amazónica.
Expertos en derechos humanos criticaron las medidas tomadas, afirmando que estaban diseñadas para complacer a la industria petrolera. Se sabe, por ejemplo, que los grupos no contactados se desplazan fuera de la Zona Intangible, pero las autoridades no la ampliaron para reflejar esa realidad.
En 2013, el gobierno ecuatoriano ajustó discretamente los mapas oficiales en los que se designaban los lugares por los que se sabía que se desplazaban grupos no contactados. Los nuevos mapas indicaban, sin justificación, que estos ya no transitaban por una zona rica en crudo, donde se encuentran los campos petrolíferos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini. El gobierno anunció entonces que empezaría a perforar esos yacimientos.
Ese mismo año se produjeron otros dos ataques violentos contra grupos no contactados, incluida una masacre de unas 30 personas. Las dos niñas supervivientes a las que se refiere la sentencia del pasado jueves, que entonces tenían unos 2 y 6 años, viven ahora en distintas partes de la Amazonia ecuatoriana.
En 2020, la Comisión Interamericana remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia salió el pasado jueves y en la que solicita al gobierno ecuatoriano que la mantenga informada sobre las medidas que tome para cumplirla.